Especial

Petróleo y bonos de carbono

Quién usa los bonos emitidos sobre nuestros bosques, que el Pueblo Inga nunca consintió.

Las cifras

168.492bonos retirados del proyecto

70 %a nombre de Organización Terpel, distribuidora mayorista de combustibles (2023–2026)

30 %a nombre de Frontera Energy Colombia Corp., sucursal Colombia, empresa petrolera, retirados desde la cuenta de Terra Commodities S.A., comercializadora de los créditos del proyecto (18 jul. 2023)

Fuente: investigación propia de ACIMVIP (25 sep. 2026), con base en los reportes públicos de retiros y las constancias del registro del proyecto.

El mapa

Mapa del Putumayo con las estaciones de servicio con bandera Terpel, las áreas de hidrocarburos y el área del proyecto de carbono — Terpel, el petróleo y el Proyecto Putumayo REDD+: estaciones de servicio, áreas de hidrocarburos y área del proyecto de carbono en el departamento (ACIMVIP, 25 sep. 2026). Descargar el mapa (PDF)

Lo que dicen y lo que pasa

Lo que dicen

Lo que pasa en el territorio

En su respuesta a la tutela (9 sep. 2026), la distribuidora dice que usa los bonos para no causar el impuesto nacional al carbono, como lo permite la ley, y que su papel es «estrictamente documental».

Sostenemos ante los jueces que esos bonos se emitieron sobre los bosques del Territorio Ancestral sin el consentimiento del Pueblo Inga, su titular colectivo.

Las 106 estaciones de servicio del Putumayo inscritas en el registro oficial de combustibles figuran con su bandera (registros 2017–2018).

La misma empresa que abastece las estaciones del Putumayo usa, para no causar el impuesto al carbono, bonos emitidos sobre bosques del Putumayo.

La petrolera retiró sus bonos en 2023. En la cuenca del Caguán y el Putumayo tenía solo dos contratos de exploración, suspendidos sin desarrollarse, según la relación oficial de contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (dic. 2022).

Una empresa petrolera retiró 50.000 bonos emitidos sobre los bosques de un Pueblo que lleva décadas defendiendo su territorio frente a la actividad petrolera.

Lo que no afirmamos: la conexión es sectorial y jurídica, no física. No hay fuente que pruebe que el crudo del Putumayo sea el combustible que se vende allí. Terpel fue vinculada a la tutela y desvinculada en el fallo de primera instancia.

Qué se compra con un bono

Entregar bonos de carbono permite no causar el impuesto nacional al carbono. Investigaciones públicas han cuestionado que algunos proyectos sobreestiman las reducciones que declaran. Cuando eso ocurre, o cuando los bonos se emiten sin el consentimiento de los pueblos titulares, la compensación no corresponde a una reducción real de emisiones. El Pueblo Inga ya lo dijo en sus mandatos de 2024 y 2025 contra los mercados verdes: el territorio no es negociable.

Fuentes: investigaciones periodísticas «Carbono opaco» e InfoAmazonia; Alerta Temprana 007 de 2024 de la Defensoría del Pueblo, para el bioma amazónico, que incluye el Putumayo; sentencia T-248 de 2024: la Corte Constitucional amparó el consentimiento previo, libre e informado de comunidades del Vaupés frente a un proyecto REDD+ (precedente); Mandato de los Mayores del 4 de mayo de 2024, Reglamento del Resguardo del 7 de diciembre de 2024 (Mandato 46) y Mandato N.° 01 de la Minga del 25 de octubre de 2025.

Cómo se conectan

Bosques del Territorio Ancestralproyecto de carbono que no consentimos

168.492 bonos retiradosregistro público del proyecto

Uso de los bonosimpuesto al carbono y compensación · 70 % distribuidora · 30 % petrolera

Nuestra investigación

El informe «La nueva bonanza de certificados de carbono del Proyecto Putumayo REDD+» (4 sep. 2026) y nuestra investigación sobre los retiros (25 sep. 2026) se apoyan en registros públicos y en la investigación periodística «Carbono opaco».

Informe de ACIMVIP (versión pública en preparación) Terpel, Frontera Energy y los créditos REDD+ del Putumayo (PDF)

Lo que exigimos

Que se reconozca la decisión autónoma de las autoridades del Pueblo Inga de suspender todo tipo de relacionamiento con las empresas que intervienen en el proyecto, sin que se nos imponga una nueva consulta, concertación o renegociación.
Que se reconozca que el contrato de mandato de 2021 no nació a la vida jurídica frente al Pueblo Inga, por falta de consentimiento previo, libre e informado, o, en subsidio, que no lo vincula ni produce efectos respecto de él; y que salir del proyecto no le genere cláusulas penales, indemnizaciones ni cargas económicas.
Que cesen las actuaciones del proyecto sobre el territorio: la verificación de nuevos periodos y la emisión y comercialización de nuevos certificados; que el organismo de validación y verificación retire sus dictámenes; que la entidad certificadora retire del registro las alusiones al Pueblo Inga y los certificados no retirados del área del Resguardo; y que esto se comunique al público, a la DIAN y a quienes usaron los certificados.
Que las empresas del proyecto entreguen a nuestras autoridades la información completa: ventas, precios, compradores, ingresos y su distribución.

Las luchas que conecta

A1 · Nuestros bosques no se venden sin nuestro consentimiento · A2 · La lucha de siempre contra las extractivas

Todas nuestras luchas